La contaminación de la función pública

En España no existe supuestamente separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), que han de controlarse entre sí para evitar cualquier clase de abuso. Tampoco parece ser que defiendan convenientemente todos los empleados públicos el interés general de la Administración, frente a la probable inclinación partidista de los políticos. Deber emanado del artículo 103 de la Constitución española. Imparcialidad que queda cuestionado al hipotéticamente darse tratos de favor en el ingreso a la función pública. Procesos de selección donde podrían apreciarse conductas tales como: arbitrariedad, desviación de poder o la ya penalmente reprochable prevaricación. Así como la comisión del delito de revelación de secretos o bien el de falsificación de documento oficial. Tampoco queda garantizada la neutralidad al permitirse el paso de las ocupaciones de funcionario a las de político, sin penalización alguna y con posibilidad de retorno. O mediante el uso discrecional de la libre designación para colocar en puestos estratégicos a personas con una presunta actitud más laxa. O a través de la capacidad de decisión del cargo electo sobre el incremento o reducción de los emolumentos del funcionario que lo debe controlar. Con la consecuente contaminación de la función pública. Siendo por tanto bastante irónico preguntarse por qué no saltaron las alarmas del propio sistema ante los cuantiosos casos de corrupción acaecidos. (Leer más)

La necesaria separación de poderes

Una constante preocupación del primer Estado liberal fue garantizar la separación de poderes. Pues bien, esa embrionaria idea, de que los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) se controlaran entre sí, con el fin de evitar cualquier clase de abuso, se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Así, en el supuesto español, queda en entredicho el poder judicial. Habiendo ya alertado el Consejo de Europa a España por la presunta intromisión de la política en los órganos judiciales, mostrando de igual modo su preocupación por la proliferación de los casos de corrupción. Es por ello que el Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO) emitió el 15 de enero de 2014 un informe. Documento en el que hacía énfasis en la necesaria imparcialidad de la Fiscalía y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), además proponía revisar el criterio de ascenso de los jueces. En lo atinente al poder legislativo, luego de la Primera Guerra Mundial el parlamento pierde preponderancia en favor del ejecutivo, quedando prácticamente eclipsado hoy por este último. Ergo, alzándose finalmente victorioso el Ejecutivo sobre el resto de poderes. Lo que conduce a la inevitable proliferación de la corrupción, al fallar el sistema de contrapesos inicialmente concebido. (Leer más)